La reciente encuesta publicada por El Observador junto a académicos de la Universidad de la República concluye que dos tercios de los uruguayos consideran que la educación sexual debería ser obligatoria desde la escuela. Sin embargo, antes de interpretar ese resultado como respaldo a una política educativa concreta, conviene detenerse en una cuestión previa: qué entiende la población por educación sexual.
Esta es la pregunta fundamental que la encuesta omite: ¿conoce la ciudadanía la diferencia entre la educación sexual tradicional y la educación sexual integral?
La pregunta central del relevamiento —si la educación sexual debería ser obligatoria— tiene un supuesto implícito: todos los encuestados entienden lo mismo por educación sexual. Ese supuesto es, precisamente, el que merece discutirse.
No es lo mismo enseñar anatomía y prevención que enseñar identidad de género y diversidad sexual. No es lo mismo un enfoque sanitario que uno fundado en la teoría de género. Y este es el grave problema: todo circula bajo el mismo rótulo.
A nivel institucional, comunicacional y social se aborda indistintamente educación sexual y educación sexual integral.
Sin una distinción conceptual, el relevamiento refleja más un acuerdo general con la idea de enseñar contenidos vinculados al cuerpo, la salud y la reproducción humana que un respaldo específico a un enfoque pedagógico determinado.
El peso del adjetivo
Conviene precisar qué función cumple el calificativo integral y cómo modifica el tipo de educación sexual que se imparte. El término introduce, a nivel semántico, la idea de contenidos completos y abarcativos, es decir, que contemplan múltiples dimensiones.
Con el tiempo, la expresión Educación Sexual Integral y su sigla ESI se han incorporado al lenguaje educativo, administrativo y mediático como una categoría análoga a la frase educación sexual.
Esto ha naturalizado el uso de lo «integral» en el discurso público, generando que el adjetivo deje de percibirse como la formulación de un enfoque específico de la educación sexual para presentarse como una denominación general y prácticamente incuestionada.
La fijación institucional de la sigla en programas, documentos oficiales, materiales didácticos y espacios de formación docente refuerza esa percepción de neutralidad técnica, al mismo tiempo que consolida un determinado marco conceptual desde el cual se define qué contenidos deben enseñarse, cómo abordarlos y bajo qué fundamentos pedagógicos y culturales.
La lexicalización de la sigla ESI naturaliza un modo específico de comprender la sexualidad dentro del sistema educativo, reduciendo la visibilidad del debate cultural, moral y antropológico subyacente.
Dos enfoques distintos
Tradicionalmente, la educación sexual en Uruguay estuvo asociada a contenidos biológicos, sanitarios y preventivos: anatomía, reproducción, enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente y cuidados del cuerpo. Es ese enfoque —orientado a transmitir conocimientos científicos básicos y herramientas de prevención— el que probablemente tienen en mente la mayoría de los encuestados cuando responden que la educación sexual debería ser obligatoria.
La educación sexual integral (ESI), en cambio, introduce un marco conceptual diferente. Además de los contenidos biológicos y sanitarios, incorpora dimensiones vinculadas a la identidad, el género, la diversidad sexual, los vínculos afectivos, la construcción cultural de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos. No se trata de una ampliación de los mismos contenidos, sino de un cambio en la perspectiva desde la que se los aborda —una modificación epistemológica que, razonablemente, la mayoría de los ciudadanos no tiene presente al responder una encuesta.
El sistema educativo uruguayo ha transitado de una educación sexual basada en la biología y los hechos científicos hacia un modelo que incorpora el constructivismo social y la agenda internacional de derechos sexuales. Ese tránsito no fue abrupto ni espontáneo: tiene una genealogía intelectual e institucional precisa que conviene reconstruir.
¿La sexualidad es un derecho?
El reconocimiento de la sexualidad como derecho comenzó a gestarse en la década de 1970, impulsado por el feminismo de segunda ola, cuyas teóricas —entre ellas Simone de Beauvoir, Betty Friedan y Kate Millett— sentaron las bases para reinterpretar la sexualidad no como un dato biológico sino como una construcción social atravesada por relaciones de poder. En los años ochenta, ese marco conceptual migró hacia los circuitos de salud pública y derechos humanos, donde el concepto de «derechos sexuales» comenzó a adquirir peso institucional.
El punto de inflexión llegó en 1994, con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo, donde se reconoció formalmente que la sexualidad constituye un derecho humano fundamental. Un año después, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) reforzó ese reconocimiento y comprometió a los organismos internacionales —UNESCO, UNFPA y OMS— con la promoción de una educación sexual que trascendiera los contenidos biológicos e incorporara las teorías de género y la igualdad como ejes de política global.
La incorporación al sistema educativo uruguayo
Uruguay, miembro de la ONU desde 1945, adhirió al Plan de Acción de El Cairo en 1994, asumiendo el compromiso de incorporar la perspectiva de género en sus políticas públicas. En ese contexto, entre 1996 y 2004, se fundó y consolidó la organización Mujer y Salud en Uruguay, que se convertiría en un referente nacional en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
En 2005, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, el gobierno creó la Comisión de Educación Sexual dentro de la ANEP. Para entonces, los contenidos vinculados a la enseñanza de la sexualidad ya estaban permeados por las teorías de género, aunque el vocablo «integral» todavía no figuraba en los documentos oficiales. Esa ausencia semántica contribuyó a que el cambio de enfoque pasara inadvertido, hasta el día de hoy, para la mayoría de la sociedad.
En 2008, el proceso se consolidó legislativamente. La Ley N.º 18.426 estableció el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, y la Ley General de Educación N.º 18.437 incorporó la educación sexual con un enfoque constructivista de forma obligatoria en todos los niveles de enseñanza.
Ese mismo año se lanzó el primer Programa de Educación Sexual (PES), sin que se explicitara públicamente el carácter «integral» de sus contenidos. Esa omisión fue, precisamente, la que permitió que el debate sobre qué tipo de educación sexual se imparte en las instituciones nunca llegara a instalarse con claridad en la esfera pública.
En 2017, el PES se integró formalmente al Área de Derechos Humanos de la ANEP, sellando la vinculación entre la enseñanza de la sexualidad y la agenda de derechos promovida por los organismos internacionales. Durante la administración de Lacalle Pou, la implementación de la ESI atravesó un período de menor impulso institucional. Con la llegada del nuevo gobierno progresista en 2025, la reinstalación de la Comisión de Educación Sexual Integral fue una de las primeras medidas adoptadas, zanjando la voluntad de retomar ese camino.
La ESI en el presupuesto de la ANEP
Bajo el argumento de que la educación sexual integral es un derecho consagrado en múltiples compromisos legales nacionales e internacionales, el nuevo gobierno se propuso imponer con fuerza el enfoque de la enseñanza de la sexualidad basado en los derechos humanos, el género y la diversidad, a lo largo de toda la trayectoria educativa, incluyendo todas las carreras de pregrado y grado de la formación docente.
Para ello, ANEP solicitó en el artículo 14 de la Ley de Presupuesto una partida anual destinada a la implementación de la ESI de $74.107.636 para 2026, que se elevará a $156.756.710 anuales entre 2027 y 2029. En el segundo año prácticamente se duplica la inversión, lo que da cuenta de la escala y la velocidad con que se pretende institucionalizar este enfoque.
Con esos recursos, se prevé instalar 23 centros de referencia en todo el país para 2027, consolidando la ESI como espacio pedagógico formal dentro del sistema. Paralelamente, se diseñará de manera participativa una Estrategia de ESI (EESI) y se creará un Comité Asesor integrado por representantes de las ATD, sindicatos docentes, la academia y organismos de cooperación internacional, con funciones de monitoreo y evaluación.
Lo que el presupuesto revela, más allá de las cifras, es la decisión política de rediseñar institucionalmente la manera en que el sistema educativo uruguayo concibe y enseña la sexualidad.
El verdadero debate sobre la educación sexual
El debate público sobre la educación sexual en Uruguay no debería limitarse a la pregunta sobre su obligatoriedad. Lo esencial y la primera discusión que debería darse es qué tipo de educación sexual se enseña, quién define sus contenidos y cuáles son sus objetivos formativos.
La diferencia es sustantiva. Es legítimo que una amplia mayoría de la población esté de acuerdo con que los niños reciban educación sexual en términos generales dentro de las instituciones formales de enseñanza. Sin embargo, tratándose de un asunto particularmente sensible, no resulta adecuado abordarlo en términos abstractos o indistintos. La ciudadanía debería conocer con claridad el enfoque pedagógico y epistemológico desde el cual el Estado imparte estos contenidos a las nuevas generaciones.
La encuesta presentada por El Observador y la Universidad de la República pierde capacidad explicativa precisamente por no distinguir entre concepciones de educación sexual que responden a fundamentos antropológicos, culturales y pedagógicos diferentes. Al agruparlas bajo una misma denominación, el instrumento de medición simplifica un debate que, en realidad, es mucho más profundo.
La crítica de fondo sostenida por una parte significativa de la sociedad uruguaya no se dirige contra la educación sexual en sí misma, sino contra la legitimidad del Estado para introducir, desde edades tempranas, contenidos sustentados en un marco epistemológico constructivista asociado a las teorías de género. En última instancia, la discusión no es pedagógica sino política: se trata de definir hasta dónde llega la autoridad del Estado en la formación moral y antropológica de los niños, y qué corresponde decidir a las familias y a la sociedad.
Para recordar: el editorial de Esteban Queimada al respecto:
