El reciente informe sobre Uruguay omitió por completo cualquier referencia al colectivo LGBT, lo que evidencia el agotamiento de la agenda identitaria como herramienta de presión y marca un desplazamiento hacia el cuestionamiento estructural del Estado uruguayo, construyendo el argumento necesario para impulsar nuevas reformas institucionales, como la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.