Bajo el argumento de la emergencia climática se ha consolidado un nuevo negocio global en el que gobiernos, organismos internacionales y grandes corporaciones energéticas y financieras disputan inversiones, mercados y poder económico. Este proceso impulsa una reasignación de recursos a escala mundial mediante subsidios públicos, regulaciones, mercados de carbono, financiamiento internacional y el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas. En ese contexto, las políticas de transición energética comienzan a incidir directamente en la matriz productiva de los países latinoamericanos, reconfigurando sus economías y condicionando sus modelos de desarrollo.