En la década de los 90, mientras Uruguay intentaba consolidar su joven democracia, un estruendo de fusiles de guerra comenzó a romper la siesta montevideana. No eran delincuentes comunes. Eran hombres que se movían con formación militar, que conocían las frecuencias de radio del Ministerio del Interior y que tenían un objetivo que trascendía el simple enriquecimiento: financiar la política a través del plomo.