Es indiscutible la incidencia que las asociaciones civiles han tenido —y siguen teniendo— en el diseño de las políticas públicas de nuestro país. Sin embargo, resulta prácticamente imposible conocer, con detalle y precisión, cuántos millones de dólares del erario público ha destinado el Estado para financiarlas, ya sea mediante contrataciones directas, licitaciones o simples apoyos económicos por «afinidad con la causa».

A continuación, pondremos bajo la lupa el caso de una organización civil que, desde comienzos del siglo XXI y gracias a sostenidos apoyos estatales, ha logrado incidir de manera significativa en la sociedad, la cultura y la educación del Uruguay.