Uruguay continúa destinando cientos de miles de euros al entramado cultural impulsado por la SEGIB, la OEI y los Programas Iber. Subsidios audiovisuales, ciudadanía global, género, gobernanza cultural y cooperación supranacional forman parte de una arquitectura burocrática financiada con dinero público que, bajo el discurso de los “derechos culturales”, expande una agenda ideológica regional cada vez más alejada de las prioridades reales de los contribuyentes.