Tristemente, el Estado uruguayo está destinando millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes para financiar una agenda que destruye la biología de los más jóvenes. Bajo el rótulo de «derechos», se subsidian fármacos como la leuprolida y la triptorelina —sustancias diseñadas para castrar químicamente el sistema hormonal en pacientes con cáncer avanzado— que frenan a la fuerza el desarrollo natural de niños y adolescentes.

​Desde la aprobación de la Ley Trans en 2018, la maquinaria estatal utiliza los impuestos de los uruguayos para mutilar cuerpos sanos, frenar el desarrollo natural e institucionalizar un abordaje que atenta directamente contra la salud física y mental de las familias uruguayas. Centros públicos de salud como el Pereira Rossell o el Hospital Maciel se han transformado en unidades de ejecución de esta ideología, donde ya se han concretado alrededor de cien cirugías de modificación corporal —mutilando penes, senos y úteros— mientras más de un centenar de personas aguardan en lista de espera.

El costo global de esta locura supera los USD 2.000.000. Una masa enorme de dinero público gastada no en sanar enfermedades, sino en validar trastornos y generar pacientes crónicos dependientes del sistema farmacéutico de por vida.

Dicho de otro modo: el Estado está desfinanciando urgencias reales de la salud pública para financiar la desnaturalización del ser humano. En lugar de ofrecer un acompañamiento psicológico y psiquiátrico riguroso a jóvenes que atraviesan etapas de confusión, el sistema opta por el camino más destructivo: la intervención química y la amputación irreversible.

Mutilar a un ciudadano no es un acto de salud, es una barbaridad promovida desde las estructuras del poder que destruye el futuro de nuestros hijos, nietos y hermanos ante la complacencia de una dirigencia política que mira para otro lado.

Quien no debe mirar para otro lado es el periodismo. Porque cuando el Estado anuncia una nueva guía destinada a «orientar» la práctica médica de miles de profesionales sanitarios en torno a la salud sexual, física y mental, el trabajo periodístico no debería terminar en la difusión del evento con el dato más fácil de titular. Porque detrás de esta guía de 275 páginas hay una sesgada concepción de la sexualidad, la identidad, la autopercepción, la salud mental, la autonomía y la relación entre profesionales, pacientes y familias que se intenta imponer, y cuando esa concepción alcanza también a niños y adolescentes, el asunto adquiere otra dimensión.

En Bajo la Lupa sí investigamos. Y lo cierto es que lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, trasciende una lista de espera integrada por poco más de cien personas con disforia de género. Eso es apenas la punta del iceberg.

Si llegaste hasta acá, el tema te interesa. Entonces ahora te damos los datos que el periodismo mainstream teme cuestionar. Por ende, no te están informando, solo se limitan a comunicar.

Vamos a ponerle la lupa a esta distopia biológica, científica, cultural, política y social.

La nueva edición de la Guía de Salud y Diversidad Sexual del MSP incorporó un capítulo entero dedicado a niños y adolescentes que en la edición anterior (2015) no estaba. Se trata del apartado número 8, titulado «Infancias, adolescencias y diversidad sexual», que ocupa desde la página 241 hasta el final del documento.

Se divide en dos partes: por un lado se establece cómo los médicos deben «acompañar» a los menores de edad y, por el otro, una cuestión mucho más específica y peligrosa, cómo usar determinada medicación para frenar la pubertad en niños y adolescentes.

La primera parte del nuevo capítulo presenta lo que el MSP denomina un «acompañamiento asertivo». Sostiene que las orientaciones, expresiones e identidades sexuales y de género forman parte de los determinantes de salud durante la infancia y la adolescencia y se ofrecen recomendaciones dirigidas a los equipos sanitarios.

La Guía describe, además, la transición como un proceso que puede comprender distintas dimensiones: social, legal y sanitaria. Y señala que las necesidades pueden ser diferentes según cada persona: algunas pueden querer modificar únicamente su nombre o su forma de presentación; otras pueden considerar tratamientos farmacológicos.

La segunda parte del capítulo está dedicada íntegramente a la inhibición puberal. El documento explica que existen situaciones en las que, una vez comenzada la pubertad, los niños y adolescentes pueden experimentar malestar frente a los cambios corporales. En esas circunstancias, el MSP plantea que puede considerarse la utilización de medicación para inhibir el proceso puberal para profundizar en las expectativas, necesidades o búsqueda identitaria de los niños y adolescentes.

A la izquierda, edición 2015. A la derecha, edición 2025.

¿Qué hace exactamente el tratamiento?

La Guía explica que los medicamentos utilizados —como leuprolide o triptoreline— son agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) y que su función consiste en inhibir el proceso fisiológico de la pubertad. El objetivo es evitar que los cambios corporales propios de esa etapa ocurran naturalmente: desarrollo mamario, distribución de la grasa corporal, modificaciones de la voz y otros cambios asociados a la maduración sexual. El documento sostiene que esta intervención puede prolongar una fase exploratoria antes de iniciar, eventualmente, tratamientos hormonales de «afirmación de género».

El documento establece que esta intervención farmacológica puede iniciarse tan pronto el menor alcance la etapa Tanner 2. Dado que la endocrinología y la pediatría ubican esta etapa fisiológica entre los 9 y 11 años en niñas y entre los 10 y 12 en niños, la norma habilita clínicamente el uso de estos fármacos en edades tempranas, al tiempo que recurre al principio de «autonomía progresiva» y a la confidencialidad para aislar a los padres de los tratamientos e intervenciones sobre sus hijos.

¿Qué medicamentos contempla Uruguay?

Los medicamentos disponibles en Uruguay son principalmente acetato de leuprolide, en presentaciones de 7,5 mg y 22,5 mg, y triptorelina de 3,75 mg. Son inyectables que disminuyen los niveles de hormonas sexuales en el cuerpo y se utilizan para tratar enfermedades como el cáncer de próstata o la pubertad precoz.

Estos fármacos imitan a una hormona natural del cerebro. Al principio aumentan los niveles hormonales, pero luego los reducen de forma drástica y sostenida. Esto frena la producción de testosterona en hombres y de estrógenos en mujeres.

Los principales laboratorios proveedores en Uruguay son Adium Uruguay —uno de los principales, comercializa Eligard (acetato de leuoprolide) y opciones de triptorelina—; Whinpharm / GP Pharm —proveen variantes de Leuprolide Acetato Depot en el mercado uruguayo—; Libra, Pharmasan o Farmafiel.

Una intervención presentada como reversible

Uno de los principales argumentos utilizados para presentar los bloqueadores de la pubertad como una intervención de bajo riesgo es su supuesta reversibilidad. La guía del MSP sostiene que sus «efectos son transitorios» y que, si el tratamiento se suspende sin iniciar posteriormente una terapia hormonal, la pubertad se reinicia y continúa su desarrollo. Pero todos sabemos lo que sucede cuando la mano del hombre interrumpe de manera artificial un proceso natural, ¿no?

El problema es que esta afirmación de reversibilidad no puede analizarse al margen de las incertidumbres que todavía existen sobre el efecto de estos fármacos cuando son utilizados en menores. Una cosa es que la acción farmacológica sobre las hormonas sexuales pueda cesar al retirar el medicamento y otra, muy distinta, que todas las consecuencias de haber interrumpido el proceso puberal durante una etapa crítica del desarrollo sean necesariamente reversibles.

La propia guía del MSP introduce un elemento que obliga a matizar esa idea. Al referirse a las modificaciones de la composición corporal y a las alteraciones de la mineralización ósea, señala que estas podrían mejorar tanto con la suspensión de los bloqueadores como con el inicio posterior de una terapia hormonal.

Es decir, el documento presenta la interrupción del tratamiento como una posibilidad, pero al mismo tiempo contempla la hormonización posterior como otra vía para abordar efectos adversos asociados al bloqueo puberal. También sabemos lo que sucede cuando las grandes farmacéuticas esconden información respecto a los efectos adversos de sus drogas, ¿no?

Entonces, si la intervención es completamente reversible por sí misma, ¿por qué el propio MSP contempla la terapia hormonal posterior como una alternativa para recuperar determinados parámetros alterados durante el bloqueo?

La experiencia reciente del Reino Unido refuerza la necesidad de formular esta pregunta, pues el gobierno británico suspendió el ensayo clínico PATHWAYS, diseñado precisamente para estudiar de manera rigurosa el uso de bloqueadores de la pubertad en menores con disforia, después de nuevas objeciones planteadas por el regulador sanitario británico. Las objeciones regulatorias se concentraron, entre otros aspectos, en posibles problemas relacionados con la fertilidad y la salud ósea, además de la incertidumbre existente sobre el balance entre riesgos y beneficios.

También resulta significativo que la propia experiencia clínica haya mostrado que una proporción elevada de los menores que comienzan el bloqueo termina avanzando hacia tratamientos hormonales posteriores. Esto no significa que todos necesariamente lo hagan —y la evidencia no permite afirmar tal cosa—, pero sí cuestiona la idea de que el bloqueo constituya necesariamente una intervención neutral que simplemente «compra tiempo» para decidir más adelante.

El contraste con Uruguay es abrumador. Mientras las autoridades sanitarias británicas recientemente han elevado el nivel de cautela frente a una intervención cuya seguridad a largo plazo continúa siendo objeto de debate, los documentos que orientan la práctica sanitaria uruguaya presentan los bloqueadores como una suerte de oportunidad para que niños y adolescentes «se exploren».

Atentado a la patria potestad

Uno de los cambios conceptuales más relevantes de la nueva guía aparece en el lugar que ocupa la llamada «autonomía progresiva» del menor. El concepto parte de una premisa: a medida que un niño o adolescente desarrolla mayores capacidades para comprender su situación y tomar decisiones, su opinión debe adquirir un peso creciente en las decisiones que lo afectan.

El problema aparece cuando esa noción se traslada a decisiones médicas que tienen consecuencias sobre el desarrollo físico y sexual, especialmente cuando la propia intervención se presenta como «reversible» y no lo es.

Un adolescente —mucho menos un niño— no posee suficiente autonomía para participar decisivamente en la indicación de bloqueadores puberales, ya que todavía se encuentra en una etapa de desarrollo en la que precisamente se encuentran en formación su capacidad de juicio y su maduración biológica.

El papel de los padres no puede reducirse al de simples acompañantes de una decisión previamente definida. Son quienes tienen la responsabilidad jurídica y material sobre sus hijos menores y quienes deben velar por su salud y bienestar.

La llamada «autonomía progresiva» no puede desplazar automáticamente el criterio de los padres cada vez que exista una discrepancia. La autonomía del menor debe desarrollarse de acuerdo con su grado real de madurez y comprensión, sin perder de vista un principio elemental: un menor no deja de ser menor porque el sistema sanitario considere que su voluntad debe prevalecer en una determinada decisión.

En definitiva, la nueva guía atenta directamente contra la patria potestad: la voluntad del menor adquiere un peso determinante y puede imponerse frente al criterio de sus padres en decisiones médicas cruciales. Bajo la bandera de la «autonomía progresiva», el Estado termina desplazando a los padres del lugar que naturalmente les corresponde: proteger y decidir en favor de sus hijos menores.

Además, no hay evidencia que demuestre qué porcentaje de las personas que se han sometido a este tipo de procedimientos han logrado su plenitud, ni qué porcentaje de ellos se terminó suicidando, ¿saben por qué?, porque a nivel mundial no existe un protocolo de seguimiento de las personas que fueron sometidas a bloqueadores hormonales, castraciones y amputaciones quirúrgicas, ¿raro no?

La función del periodismo no debe reducirse a reproducir las información que entregan las autoridades. Los periodistas tienen la obligación de preguntar qué implicancias y consecuencias traen los cambios que introduce el Estado, más cuando se trata de la salud de los uruguayos que, por si fuera poco, es financiada por todos.

Si el MSP presenta una guía de 275 páginas que actualiza un documento de diez años atrás, una cobertura mínimamente exhaustiva podría haber preguntado qué cambió exactamente entre 2015 y ahora, qué modificaciones incorpora la guía, qué efectos tuvo la Ley Trans de 2018 sobre las «recomendaciones» sanitarias y por qué existe, recién ahora, un capítulo específico sobre niños y adolescentes.

El verdadero periodismo se pregunta qué significa «autonomía progresiva» en este contexto, qué criterios establece el documento para el freno farmacológico de la pubertad, qué medicamentos menciona y qué evidencia científica utiliza. Asimismo, qué papel asigna a las familias, quién toma las decisiones y bajo qué condiciones, qué costos tiene para el sistema sanitario y qué controversias científicas existen hoy sobre estas intervenciones.

Son preguntas periodísticas: es decir, aquellas que permiten a un ciudadano entender qué está haciendo el Estado con los recursos públicos.

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